En estos términos se ha manifestado Óscar Moral, asesor jurídico del CERMI Estatal, durante su participación en una jornada celebrada en Santiago de Chile, con el fin de analizar el Anteproyecto sobre Capacidad Jurídica del país latinoamericano.

 

La revisión del Anteproyecto sobre Capacidad Jurídica se ha realizado por párrafos, asignándose el día 28 de junio para la revisión de los párrafos correspondientes a los apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica y el día 29 de junio para la revisión de los correspondientes al mecanismo de salvaguardia o control judicial a las acciones de apoyo en la toma de decisiones, finalizando con una revisión y comentarios generales de carácter adicional planteadas por los expertos.

 

Óscar Moral ha señalado que el texto legal que se está tramitando en Chile supone “un paso importante” en el cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que insta a dejar de aplicar un modelo de representación en la privación de la capacidad jurídica, puesto que supone de facto la anulación del ejercicio de derechos tan importantes como la posibilidad de contraer matrimonio, votar en unas elecciones o vivir de forma independiente en comunidad con los apoyos necesarios.

 

En cuanto a la situación de España, el experto del CERMI ha explicado que pese a los logros que se han ido alcanzando, “estamos en espera de la presentación de una propuesta de cambio normativo por parte de la administración”, tras los trabajos realizados por el Real Patronato sobre Discapacidad, la Fiscalía General del Estado, varias sentencias del Tribunal Supremo y las aportaciones del propio CERMI.

 

Para Óscar Moral, no se puede aplicar el mismo rasero a todas las personas con discapacidad que son privadas de su capacidad jurídica. “El Juzgador tiene que adquirir una convicción clara de cuál es la situación de esa persona, cómo se desarrolla su vida ordinaria, qué necesidades tiene, cuáles son sus intereses personales y patrimoniales, y en qué medida precisa de apoyos”, ha remachado, señalando además que es necesaria la reforma “urgente” del Código Civil para cumplir con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

 

“La sociedad civil, organizada en torno al CERMI, seguirá exigiendo el cumplimiento de la Convención y especialmente el establecimiento de un modelo de apoyos a la capacidad jurídica”, ha zanjado el representante de la plataforma representativa de la discapacidad en España.